El 12 de marzo de 1974, Carlos Andrés Pérez recibiría en Caracas la banda presidencial, después de haber ganado las elecciones de 1973 por el partido Acción Democrática. El 9 de agosto del mismo año, cinco meses después, Richard Nixon abandonaría la Casa Blanca tras renunciar a la presidencia de los Estados Unidos, envuelto en un histórico escándalo político.
En mayo de 1958, siendo vicepresidente de Dwight D. Eisenhower, Nixon realizó una convulsa gira por América del Sur en la cual su caravana oficial fue violentamente atacada por turbas en Caracas, mientras Carlos Andrés —que todavía no era ministro— condenaba públicamente el hecho, a sabiendas que dañaba la imagen internacional de la naciente democracia. De la misma manera, el 10 de junio de 1974, mientras Nixon se encontraba navegando entre las aguas turbulentas del Watergate, su gobierno ordenaba una revisión de la política exterior y económica hacia Venezuela, a raíz de las declaraciones del recién investido presidente andino sobre la nacionalización anticipada de las concesiones y activos de las compañías petroleras extranjeras.
Dos personajes que quizás a primera vista parece que nunca tuvieron cruces directos más allá de los actos protocolares se encontraban así, conectados cada vez por el hilo del destino, pero cada uno en un extremo distinto. Y precisamente, 19 años más tarde, motivado por el caso de la partida secreta y bajo acusaciones de malversación de fondos, a Pérez le aguardaría la misma fortuna que a Nixon. Los motivos de su defenestración, quizá, fueron motivados por una misma causa.
En ningún caso bastaron pruebas, fiscales, protestas, juicios, periodistas. Tanto en el caso de Richard Nixon como en el de Carlos Andrés Pérez, las cúpulas de sus propios partidos fueron los que impulsaron la caída de ambos mandatarios. Para sus partidos, el costo político de respaldarlos superaba con creces el costo de entregarlos. Este factor, el que ejecuta el golpe definitivo en un sistema presidencial, es el retiro del «escudo partidista» en el Poder Legislativo. El politólogo argentino Aníbal Pérez-Liñán, en su estudio sobre las destituciones presidenciales en América Latina, resume el fenómeno del juicio político en tres factores cruciales: escándalo mediático, protesta callejera y pérdida del «escudo legislativo», y sostiene que, sin el último, los otros dos no bastan.
Sobre los primeros dos factores, Pérez-Liñán sostiene que la exposición sistemática de casos de corrupción o abusos de poder erosiona drásticamente la legitimidad y aprobación popular del mandatario, y que dicho desgaste, provocado por los escándalos y las crisis económicas, suele detonar protestas masivas en las calles; estas movilizaciones presionan a las élites políticas y envían una señal clara al Congreso sobre el costo político de sostener al presidente en funciones. No obstante, y aunque los escándalos y las protestas son condiciones que impulsan la crisis, resultan insuficientes para destituir al mandatario por vía institucional si este logra conservar lo que el politólogo llama «escudo legislativo», que es la capacidad del presidente de contar con una bancada propia o una coalición lo suficientemente leal y numerosa (una minoría de bloqueo) para frenar cualquier intento de juicio político o declaración de incapacidad en el Congreso.
Los casos de Bill Clinton y de Ernesto Samper ilustran el funcionamiento de este «escudo legislativo». En el primer caso, y aunque el presidente demócrata enfrentó un fuerte escándalo mediático y fue acusado formalmente por la Cámara de Representantes —en ese entonces, de mayoría republicana—, conservó su cargo gracias a que su partido mantuvo una minoría de bloqueo en el Senado. Entonces, a pesar de que se le acusó de mentir bajo juramento y de obstrucción a la justicia, gracias a la bonanza económica del momento, el escándalo no detonó movilizaciones callejeras pidiendo su salida, incluso manteniendo porcentajes altos de aprobación. Sin el rechazo masivo en las calles, su propio partido no tuvo que enfrentar la encrucijada de un posible costo político por defenderlo.
En el segundo caso, el mandatario colombiano —que por entonces formaba parte del Partido Liberal— enfrentó un devastador escándalo mediático conocido como el Proceso 8.000, tras revelarse que su campaña presidencial recibió financiamiento del Cartel de Cali. Pese a que se le acusó de haber tenido conocimiento del ingreso de dinero del narcotráfico, conservó su cargo gracias a que su partido mantuvo una sólida mayoría leal en la Cámara de Representantes, la instancia encargada de juzgarlo políticamente. El escándalo no detonó una movilización callejera masiva y sostenida que lograra quebrar al gobierno, en parte porque Samper mantuvo el respaldo de los sectores populares mediante programas de gasto social.
Lo verdaderamente significativo es, entonces, por qué y cuándo el apoyo se retira. Y en los casos del expresidente Pérez y el expresidente Nixon, se presentan similitudes, pero también diferencias. Empezando porque uno se fue por su propio pie, y a otro lo echaron. En el caso del expresidente californiano, su caída iniciaría con el escándalo de Watergate, que comenzaría en junio de 1972, con cinco hombres detenidos en la sede del Partido Demócrata, y concluyendo 26 meses después, al anunciar su renuncia por televisión. Lo interesante es, precisamente, el tiempo que hubo entre la explosión del escándalo, y su final.
Durante buena parte de ese lapso, el GOP usó sus cartas para intentar inclinar la balanza de la opinión pública a favor del presidente en funciones. Mientras las pruebas sean rumores, se aprovecharon de usar la duda a su favor. Obviamente, sabían —y quienes no, se lo imaginaban— que las acusaciones eran verdad; los partidos no son ingenuos, pero sí prácticos. Pero esto sólo podía durar hasta que la prueba empezara a tener voz.
Ya en octubre de 1973, tras ordenar la destitución del fiscal especial que le reclamaba las cintas, tenía a la Cámara de Representantes abriendo audiencias para evaluar un juicio político o impeachment. Incluso así, el apoyo republicano resistió, con mayor o menor firmeza, hasta el verano de 1974. El 24 de julio de 1974, la Corte Suprema le ordenó, por unanimidad, entregar las pruebas incriminatorias que se resistía a soltar. Entre el 27 y el 30 de ese mes, el Comité Judicial de la Cámara aprobó tres artículos de juicio político, con el voto de algunos republicanos junto al de los demócratas.
Finalmente, el 5 de agosto se hizo público el contenido de las grabaciones del 23 de junio de 1972, aquellas en las que Nixon conversa con su jefe de gabinete sobre la manera de usar a la CIA para frenar las pesquisas del FBI, contradiciendo de frente las declaraciones de inocencia que se llevaban dos años repitiendo en público. Fue ahí cuando ocurrió el quiebre de una situación insostenible. Los diez republicanos del comité que habían votado en contra del impeachment anunciaron que ahora votarían a favor, y el 7 de agosto, una delegación de figuras importantes del partido, entre ellas el senador Barry Goldwater, acudieron a la Casa Blanca. Querían entregarle a Richard Nixon un conteo de votos.
En el Senado, Nixon necesitaba 34 votos para evitar la condena, y a lo sumo le quedaban 15. Ahí el estadista entendió que ya era una batalla perdida. En su discurso del 8 de agosto lo admitió él mismo, diciendo que ya no tenía en el Congreso «una base política lo bastante sólida». La sospecha existió desde el principio del escándalo, pero eso no fue lo que lo derribó, sino la decisión política que el Partido Republicano decidió tomar. La revelación de las cintas provocó un desplome histórico en la aprobación presidencial (cayó al 24 %) y un rechazo abrumador de la opinión pública y los medios, generando un costo político insostenible para cualquier legislador que intentara defenderlo de cara a las elecciones legislativas de noviembre de ese mismo año. Defender a Nixon se había convertido, para cada republicano, en un lastre que tendría que pagar en las urnas.
En el caso del expresidente venezolano, las cosas ocurrieron con mayor rapidez, y ello constituye ya una diferencia no menor. Regresó a Miraflores en 1989 con la fama de la bonanza y la «Gran Venezuela» y se dispuso a hacer casi lo contrario, cuando vio que era un modelo insostenible. El Gran Viraje, un severo programa de ajuste económico, que a las pocas semanas el «pueblo», descontento, respondería el Caracazo. La camarilla de tecnócratas —los llamados Doce Apóstoles— que eran cercanos a él desde la campaña electoral que lo llevó a ganar su primera presidencia y con los que gobernaba en su segunda presidencia, acentuó pronto los roces ya existentes entre él y su propio partido, Acción Democrática, y tales roces serían el inicio del final.
Alonso Moleiro lo explica así en el prólogo a La rebelión de los náufragos —que, por lo demás, se titula «El Nixon venezolano»—: «Conformó un gabinete donde estaba muy diluida la huella de su partido, integrado por talentos jóvenes formados en prestigiosas universidades del exterior». Además de eso arrastraba, desde los años ochenta, una pugna con Jaime Lusinchi por el control de Acción Democrática, con el caso Recadi como telón de fondo. Incluso, Moleiro llega a atribuir a sectores del lusinchismo haber habilitado en secreto a José Vicente Rangel para hacer público el caso de la partida secreta.
Al Caracazo le siguió el episodio acaecido en la madrugada del 4 de febrero de 1992, en la que un grupo de militares intentó derrocar al gobierno constitucional. Esa noche, incluso COPEI —el principal partido de oposición— salió a defender la Constitución a la voz de su secretario general, Eduardo Fernández, quien acudió a respaldar al gobierno y a condenar el alzamiento. Se produciría un segundo intento el 27 de noviembre del mismo año y ese mismo mes, pero en sus principios, fue cuando se puso sobre la mesa la partida secreta, de la mano del ya mencionado José Vicente Rangel. Doscientos cincuenta millones de bolívares —unos diecisiete millones de dólares en esa época— se habían «desviado», usando como excusa pagar la seguridad y la campaña electoral de Violeta Chamorro, en ese momento presidente de Nicaragua.
En marzo de 1993, el fiscal general Ramón Escovar Salom solicitó el antejuicio de mérito. No es de extrañar que fuera él quien introdujera ante la Corte Suprema de Justicia la acusación por malversación y peculado, pues como con Lusinchi, existió una profunda ruptura y resentimiento entre ambos. Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Escovar Salom se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores, y en 1977, mientras realizaba una gira oficial por Europa del Este, Pérez decidió removerlo del cargo desde Caracas para poner en el cargo a Simón Alberto Consalvi. Él se enteró de su despido en medio de actos protocolares en el extranjero a través de una llamada telefónica de su hijo desde Caracas, lo que constituyó una afrenta pública y diplomática que nunca olvidó.
El 20 de mayo la Corte Suprema declaró que había méritos para juzgarlo; al día siguiente, el Senado autorizó el juicio y lo suspendió del cargo. El 31 de agosto, el Congreso en pleno confirmó la destitución. Las cifras de aquellas votaciones resultan elocuentes. Según el testimonio de Héctor Alonso López, dirigente adeco y colaborador cercano de Pérez, la Corte Suprema declaró que había méritos para enjuiciarlo por nueve votos contra seis. De la misma manera, en el Senado, 39 legisladores votaron a favor del enjuiciamiento, 28 de ellos pertenecientes a su propio partido, y apenas cuatro senadores adecos lo respaldaron. Para entonces, Acción Democrática ya le había retirado su apoyo: en el Comité Ejecutivo Nacional, 21 miembros habían votado por apoyar el enjuiciamiento y solo siete se habían opuesto.
En otras palabras, buena parte del «escudo legislativo» que habría podido defender a Pérez fue precisamente el que se volvió en su contra. Pero esa no fue la primera ocasión que ocurrió. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, de predominio adeco, convocó una huelga general de veinticuatro horas el 18 de mayo de 1989, a pocos meses de la toma de posesión. Posteriormente, durante el resto del gobierno, dirigentes sindicales acompañaron a congresistas de Acción Democrática y de otros partidos en los esfuerzos por obstaculizar y retrasar la legislación de «inspiración neoliberal».
Defendieron a Pérez en el golpe, porque eso implicaba defender al sistema, pues si el presidente caía a manos de unos coroneles, caía todo con él. Sin embargo, ya el propio sistema había comenzado a formular la narrativa que el obstáculo era él. Fue una traición, y así lo vieron en su momento los ministros partidarios de las reformas, quienes culparon a los políticos y dirigentes sindicales de Acción Democrática de haber traicionado al presidente y haber preparado el terreno para su caída, motivados por rencillas y odios gremiales, políticos e institucionales contra el presidente Pérez, su gobierno y los grupos económicos que apoyaban el programa de las reformas.
Cabe destacar, ante todo, que a ambos se le atribuyen más culpas de las que se le han demostrado. En el caso de Richard Nixon, nadie ha probado que ordenara el allanamiento de Watergate. Lo que quedó registrado, con su voz y todo, fue el encubrimiento, en las cintas sólo se registra la conversación en la que se plantea utilizar a la CIA para frenar al FBI. De allí los tres artículos que aprobó el comité: obstrucción de la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso.
Con el presidente Pérez la situación es otra, pues el dinero salió de la partida secreta, un fondo que por diseño se gasta sin rendir cuentas. El antejuicio se solicitó por peculado doloso y malversación, alegando la acusación que se desvió el dinero. La condena de 1996 fue solo por malversación, con veintiocho meses de prisión domiciliaria. Hace falta señalar que sostener a la vez ambos delitos en la misma acusación es una incongruencia jurídica, pues un mismo bolívar no puede haber sido usado para una obra pública distinta y, al mismo tiempo, haber sido apropiado para el bolsillo privado del funcionario.
A esta lectura se suma un testimonio. En las entrevistas que recogen Ramón Hernández y Roberto Giusti en Carlos Andrés Pérez: memorias proscritas, el propio Pérez relata que, cuando se hallaba en La Casona la noche de 20 de mayo de 1993 a pocas horas después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobase la admisión del antejuicio de mérito en su contra, con colaboradores y dirigentes de su partido, recibió la visita de la magistrada Hildegard Rondón de Sansó, quien aparentemente arrepentida, le habría dicho que a los magistrados se les había advertido que, si no procedían, el país ardería.
En mayo de 1994 fue arrestado, pero por la edad, pasó a arresto domiciliario. En 1996 lo condenarían. En 1998 los votantes lo eligieron senador, con la inmunidad parlamentaria que acompaña al cargo, hasta que en 1999 se abolió el Senado y emprendió el camino del exilio. Condenado por los tribunales y elegido por las mismas personas que anteriormente le habían incendiado el país para que se fuera.
Finalmente, ¿qué ganaron los partidos que soltaron a Pérez? Más bien poco. En 1988, Acción Democrática y COPEI reunían cerca del 92% del voto; en 1993, sus candidatos presidenciales sumaron alrededor del 46%, y resultó vencedor Rafael Caldera, fundador de COPEI, que se había apartado de su partido para postularse por su cuenta. En la caída de Carlos Andrés Pérez pesaron el Caracazo, los golpes de Estado, la crisis; pero también las rencillas y rencores personales. Y si bien no es justo atribuir a la defenestración de Pérez las culpas de la caída del régimen democrático, pues era la crónica de una muerte anunciada desde el Viernes negro, fue sin duda la estocada final. En el duelo del hombre contra el partido, en ambos casos, el partido ganó el pulso. Y así, el hombre que se hizo célebre caminando, se marchó con muy poca compañía.



